En esta época de cámaras, redes sociales, software de espionaje y comunicaciones inseguras, una cosa queda clara: la privacidad no pasa de ser una quimera. Sin embargo, no es lo mismo este tipo de exposición a que sean las propias autoridades que dispongan de un monitoreo extensivo y al azar.
En Estados Unidos, luego del escándalo que supuso la NSA, el tema de la privacidad es uno de los más espinosos. Siguiendo la osadía de Snowden, y en respuesta al repudio generalizado de un público que se siente violado y que va más allá de las fronteras estadounidenses, compañías de renombre como Google, Apple y Microsoft han dado pasos diseñados para proteger lo poco que queda de privacidad. Pese a las buenas intenciones, no es suficiente.
Hace par meses el FBI y Apple se enfrentaron de manera pública y abierta por el caso San Bernardino. Apple se negó a desbloquear el equipo y el FBI, para cumplir con su rol, buscó otras alternativas. Ahora la policía de Nueva Delhi en la India busca la forma de aprender a hacer lo mismo no solo con iPhone, sino con BlackBerry y teléfonos de fabricación china, que suelen estar presentes en escenas de crímenes y delincuencia en ese país.
¿Cuál de las partes tiene la razón? Depende de como se mire. Habrá quienes justifiquen la acción del FBI al tomar en cuenta que el evento asociado al caso dejó muertos y tenía posibles motivaciones terroristas. Con lo que nunca se estará de acuerdo, sin embargo, es con programas o proyectos diseñados para monitorear a todo el mundo, inclusive fuera de Estados Unidos. Era esto lo que hacía la NSA con su programa PRISM y es lo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pretende ahora con las modificaciones propuestas a la regla 41 del Reglamento Federal de Procedimientos Criminales.
La regla 41 en la actualidad permite a jueces federales emitir órdenes judiciales para inspecciones e incautaciones de equipos, siempre y cuando estas acciones se lleven a cabo dentro de su jurisdicción, salvo casos excepcionales. La modificación, propuesta por un comité consultivo del Departamento de Justicia, extendería esa facilidad a cualquier jurisdicción, inclusive fuera de Estados Unidos, y permitiría acceso remoto a equipos de víctimas de hackeos que potencialmente son inocentes. En palabras del senador Ron Wyden (Oregon), la nueva regla 41, que afectaría por igual a quienes usen una VPN, podría permitir el acceso a millones de computadoras con una sola orden judicial.
Ante semejante prospecto, que pone aún más en entredicho el derecho a la privacidad, 50 organizaciones lideradas por vpnMentor y noglobalwarrants.org se han unido para protestar con estas modificaciones a la regla 41. Cualquiera que se oponga a estos cambios tiene hasta el 1º de diciembre de este año para tomar acción. De lo contrario, entrará en efecto en esa misma fecha.
Opositores a la nueva regla 41 dicen que viola la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual protege el derecho a la privacidad y el derecho a no sufrir una invasión arbitraria. Es también causa de preocupación el potencial alcance internacional, dando a ese país un estatus de monitor global por nueva vez. Ustedes, ¿que opinan de esta nueva amenaza?
