Dos días después de haberse anunciado el aumento a la tarifa DGA que se cobra por concepto de entrada al país de compras online menores de 200 dólares, exentas de impuestos y disputadas a más no poder por comerciantes locales, la misma se ha dejado sin efecto.
Sin duda, esta es una buena noticia, porque la gente –como suele ocurrir cada vez que la hablan de impuestos– reaccionó negativamente ante un aumento que a simple vista era leve pero que no dejaba de encerrar un cambio significativo (escalonado hasta llegar a 300%), con posibilidad de seguir aumentado a partir de julio 2017.
¿Qué habrá pasado para que se haya cambiado tan rápido de opinión? A diferencia de ocasiones anteriores en las que se ha contemplado aplicar un impuesto a estas compras online, esta vez no hubo grandes manifestaciones online. De hecho, esta vez ni siquiera hubo presencia masiva del tema en los medios, limitándose la misma al Diario Libre y El Nacional. De estos dos, solo el último le dio seguimiento más allá del comunicado inicial.
El manejo de este aumento ha sido bastante peculiar, empezando por el hecho de que fue la Asociación Nacional de Empresas Courier (ASODEC) y no la Dirección General de Aduanas (DGA) la entidad que notificó del cambio y sus fechas. Más interesante aún es que de esa misma forma irregular se dio a conocer ayer, a través del portal financiero Argentarium, que la misma ha quedado sin efecto.
¿Cuál es el misterio? Todos sabemos que, desde al menos 2010, las compras online menores de 200 dólares están en la mira de empresario locales que las consideran competencia desleal. La presión por gravarlas es real, acción que estuvo a punto de materializarse en agosto de 2014 hasta que intervino el Tribunal Superior Administrativo con un fallo que dejaba la medida sin efecto.
A lo largo de todos estos años, el debate sigue siendo el mismo: comerciantes locales se quejan del impacto negativo de esas compras, amparadas en la ley 402-05 y DR-CAFTA, y son de opinión que deben gravarse porque el Estado deja de percibir ingresos cada vez que los dominicanos optan por esa alternativa. Los compradores, por su parte, se quejan de altos precios y mal trato de parte de comercios locales.
Gravar esas compras tiene el objetivo, entre otras cosas, de reducir su atractivo y atraer más compradores locales a comercios dominicanos. El esfuerzo podría parecer loable y hasta lógico por parte de los comerciantes, pero esa no es la solución. Lo primero es estudiar la estructura impositiva que impide ofrecer precios más competitivos y lo segundo es mejorar las condiciones de venta. Las tiendas locales se caracterizan por vender caro, tener poca variedad, ofrecer pésimo servicio al cliente y tener políticas que no admiten devoluciones, reembolsos en efectivo ni cambios. Eso no ayuda a la causa.
