¿Se acuerdan de Uber y Lyft? Hace tiempo que estas empresas no suenan con la frecuencia de antes, en parte porque COVID-19 les ha dado duro, pero ellas siguen en pie y siguen dando la lucha, incluso diversificándose en respuesta a las circunstancias.
Hoy vuelven ambas compañías a generar conversación, no porque hayan hecho algo extraordinario o inspirador, sino porque ponen nuevamente sobre el tapete la pertinencia y factibilidad de la llamada “gig economy”, un término que define un sistema libre de mercado caracterizado por contrataciones independientes y temporales de corto plazo, sin los beneficios asociados a un trabajo estable y más tradicional.
Por años Uber y Lyft han sido dos ejemplos importantes de la “gig economy” en el sentido de que contratan a cientos (o miles, si vemos su operaciones globales) de choferes que no son clasificados como empleados formales, sino como independientes, movida que les ahorra una serie de costos fijos laborales.
Por un buen tiempo esos trabajadores independientes de Uber y Lyft parecieron estar contentos, pero las cosas cambiaron cuando ambas decidieron lanzarse a la bolsa de valores, con valuaciones estratosféricas. Ahí empezaron a recrudecer los reclamos y protestas, las cuales en cierto modo culminaron en una ley laboral en California, AB85, que busca regularizar el estatus de esos independientes para empezar a recibir los beneficios correspondientes.
AB85 entró en vigencia el 1 de enero de este año, y en esta semana un juez en California emitió una orden premilinar que impediría a Uber y Lyft clasificar a sus conductores como contratistas independientes, obligando a registrarlos como empleados, con derecho a salario mínimo y otros beneficios.
Sobre todo durante la pandemia, donde la demanda de estos servicios ha bajado drásticamente, la falta de compensaciones y beneficios de desempleo a estos conductores independientes se ha hecho evidente. En mayo de este año, el estado de California, el principal mercado de Uber y Lyft, decidió demandar a ambas compañías por estas cuestiones. La orden preliminar del juez es el resultado de esta acción. De momento las compañías tienen 10 días para apelar, contados desde el 10 de agosto.
Por supuesto, Uber, Lyft y otras compañías que forman parte de la llamada gig economy no están de acuerdo con los lineamientos de la ley AB85 e incluso critican a las autoridades estatales por enfocarse en perseguir a este tipo de compañías en vez de hacer un esfuerzo por crear trabajos. A su vez, autoridades californianas acusan a estas compañías de montar agresivas campañas para restar validez a la nueva ley laboral.
