La tecnología es disruptiva. Este es un hecho que no se pone en duda y que, en efecto, queda evidenciado en numerosos ejemplos a lo largo de la historia, desde la imprenta hasta la medicina, la cinematografía y los servicios en general.
Así como es de disruptiva, la tecnología suele ser beneficiosa en términos de productividad y eficiencia, y es por eso que, tarde o temprano, terminamos aceptándola y adoptándola de buena gana.
Por supuesto, siempre aparece algún escéptico que no se monta en el tren de la modernidad que viene con la tecnología, y eso es algo que hasta cierto punto se respeta y se entiende cuando se analizan las causas culturales, generacionales y hasta de hábitos que intervienen en esa decisión.
Aunque proporcionalmente son pocos, hay personas en el mundo que no usan smartphones ni tienen cuentas en redes sociales. Hay asimismo gente que se rehúsa a pagar servicios online o que tiene cierto resquemor ante la idea de usar una aplicación para solicitar servicios a través del móvil. Con el tiempo, lo más probable es que este grupo tenga que adaptarse porque, incluso en países con un nivel de desarrollo medio a bajo, el empuje hacia estas tecnologías es fuerte.
Así como hay gente que rechaza la modernidad en favor de recursos más tradicionales, existen organizaciones que asumen la misma actitud, y aquí el panorama cambia dramáticamente, pues suele ocurrir que ponen trabas a la innovación y crean condiciones de mercado menos que ideales, todo porque sienten que sus intereses se ven afectados y buscan la forma de protegerlos.
Que organizaciones, industrias o gremios defiendan sus intereses no es nada nuevo. Es, de hecho, algo que se espera y se entiende, pero… ¿qué pasa cuando no tienen la razón?
Esta pregunta viene a raíz de una vieja disputa que se da entre servicios disruptivos como Uber y la contraparte tradicional de transporte urbano, representada por taxis, guaguas y carros de concho, siendo esto último una típica estampa en República Dominicana.
Donde quiera que Uber se ha metido ha causado la misma conmoción y nivel de queja de parte de esos grupos de transportistas, con el resultado de que, casi siempre, estos últimos se ven obligados a convivir con lo inevitable: modernización del servicio de transporte urbano, con marcado énfasis en comodidad y seguridad por el lado del usuario.
De más está decir aquí que hay una diferencia del cielo a la tierra entre servicios de concho o taxi tradicionales comparado a lo que ofrecen Uber y similares. Esto, sumado a la facilidad de solicitar el servicio a través de una aplicación, con posibilidad de dar seguimiento en tiempo real a todo, explica por qué millones de personas en todo el mundo prefieren este método, situación que ha llevado a servicios más tradicionales a adoptar algunos de estos elementos para así aumentar su capacidad de competencia.
En República Dominicana se ha estado dando una situación en las últimas semanas que involucra una de las áreas más importantes y delicadas de la economía local: el turismo.
Para nadie es secreto que por causa de la pandemia -y antes de eso por lo que puede definirse como campaña de descrédito- la industria del turismo en el país ha sufrido. Ahora que esta actividad económica empieza a reactivarse es necesario ofrecer la mejor imagen a nivel de servicios, pero en términos de transporte en la zona Este, la más importante en turismo, nos estamos quemando.
Tremendo conflicto se ha armado entre Uber y los sindicatos locales de transporte que allí operan, al punto de que se ha denunciado que han llegado a desmontar pasajeros con tal de que Uber no ofrezca esos servicios desde aeropuertos y otros puntos de especial interés.
Para sorpresa de muchos, y tras varios días que pudieron haberse aprovechado, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) fijó ayer su posición al respecto, reconociendo la apertura hacia ofrecimientos como el de Uber pero, al mismo tiempo, exigiendo a esa organización regularizar sus operaciones en el país.
Una lectura al comunicado emitido basta para comprender que las autoridades han tomado el lado de los sindicalistas, y esto es algo que resulta inconcebible desde el punto de vista del caos y el atraso que representan estos sindicatos, los cuales ofrecen sus servicios de transporte en vehículos que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y con tarifas medalaganarias que no se justifican. Peor aún, sus conductores tienen un pésimo historial de manejo temerario y violaciones frecuentes a las normativas del tránsito.
Intrant manda a Uber a regularizar y formalizar sus actividades en el país, dando pie a pensar que esa compañía lleva desde noviembre de 2015 operando de manera ilegal o irregular en el país. De ser así, alguien tiene que dar muchas explicaciones. Lo peor de todo, sin embargo, es la forma evidente en que se busca favorecer o acomodar a unos sindicatos de transportistas que históricamente han hecho un daño terrible al país.
El orden empieza por casa, y el momento es propicio para que el Intrant haga cumplir TODO lo que dice la Ley 63-17 sobre tránsito terrestre. Si en la República Dominicana se cumpliera con todo lo que se dispone ahí, el transporte urbano, interurbano y de cualquier forma sería una maravilla. Lástima que solo ocurre así en papeles.
Por último, la actitud barbárica que siempre asumen estos sindicatos cuando sus intereses se ven ligeramente amenazados o afectados podría calificar de monopolio y traba a la libre competencia. Ejemplos hay de sobra, y hay de hecho una suerte de monopolio operando por años en el tema de transporte pesado.
Si Uber optara por demandar al país por entender que se trata de una cuestión como esta, es posible que no nos vaya bien. Por supuesto, las cosas legales son complicadas por estos lados y el otro curso de acción podría ser recoger e irse. En ambos casos salimos perdiendo.
Estamos rodeados de Australopitecos Funcionales.
¡DILO DURO!