Cada cierto tiempo, como si no fuera suficiente con todos los impuestos que el dominicano paga a cambio de muy poco, vuelve a tomar fuerza la idea de gravar servicios digitales extranjeros como Netflix, Airbnb, Spotify, Disney+ y cualquier otra plataforma que entre en la categoría de servicio digital internacional. Es una discusión cíclica, una especie de cantaleta que reaparece siempre en momentos muy puntuales: cuando el gobierno necesita dinero y comienza a buscar nuevas vías de recaudación.
La lógica detrás del planteamiento no es nueva. Es exactamente la misma que durante años se ha intentado aplicar a las compras por internet menores de 200 dólares, una facilidad contemplada en el DR-CAFTA que comerciantes locales y sectores aliados llevan tiempo intentando desmontar. En ambos casos, la narrativa suele construirse alrededor de una supuesta competencia desleal donde el comercio local aparece como víctima y el consumidor como un actor secundario al que, convenientemente, nadie parece escuchar realmente.
En el caso específico de las compras por internet, pocas veces se hace un análisis neutral de la situación. Los comerciantes hablan constantemente de desigualdad de condiciones, pero rara vez se menciona la otra cara del problema: la estructura impositiva local, la limitada variedad de productos disponibles en el mercado dominicano y los elevados precios que terminan empujando al consumidor hacia plataformas internacionales. A eso se suman políticas comerciales locales que, en muchos casos, terminan jugando en contra del propio cliente.
Con las plataformas digitales extranjeras ocurre algo parecido. El argumento oficial suele girar alrededor de que estas compañías generan ingresos desde República Dominicana sin dejar beneficios directos al país y, por tanto, deberían pagar el 18 por ciento de ITBIS. Del otro lado, las empresas responden que realmente no operan físicamente aquí y que, por ende, no les corresponde tributar localmente.
El problema es que, aun si se aceptara la idea de imponer algún tipo de “peaje digital” a estas compañías por acceder al mercado dominicano, todos sabemos quién terminaría pagando la factura. Ninguna plataforma absorbería el costo. Netflix no va a sacrificar márgenes por solidaridad tributaria con República Dominicana. Spotify tampoco. El resultado sería el mismo de siempre: el aumento se trasladaría directamente al usuario dominicano. Y así, lo que se vende como un impuesto a grandes empresas extranjeras termina convirtiéndose, en la práctica, en otro golpe al bolsillo del ciudadano.
Por eso caen tan mal las declaraciones recientes del director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), quien habla abiertamente de una metodología “persistente” para lograr este objetivo e incluso asegura estar negociando con plataformas digitales aun cuando el propio marco legal dominicano no ofrece bases suficientemente claras para sustentar el cobro. Más allá del debate tributario, el problema está en el tono y en el enfoque: declaraciones que lucen irresponsables por un lado y excesivamente medalaganarias por el otro.
Además, es falso decir que el usuario dominicano no paga impuestos asociados a estos servicios. La electricidad que alimenta los dispositivos tiene impuestos. El servicio de internet también. El teléfono, la computadora o el televisor donde se consume Netflix o Spotify ya pagaron impuestos al momento de ser adquiridos. El ciudadano dominicano vive atrapado en una cadena constante de tributación donde prácticamente todo lo que toca, usa o consume ya genera ingresos para el Estado de una forma u otra.
Quizás lo más frustrante de todo es que la población tampoco percibe que nuevos impuestos se traduzcan en mejores servicios, infraestructura más eficiente o una administración pública más responsable. La percepción generalizada es exactamente la contraria: que el dinero termina diluyéndose entre gastos superfluos, privilegios de funcionarios, contratos cuestionables y subsidios populistas que alimentan dependencia en lugar de desarrollo real.
Y mientras aquí se insiste en buscar nuevas maneras de exprimir al contribuyente, quedan preguntas importantes sobre la mesa. ¿Se olvidó el gobierno de las amenazas arancelarias lanzadas por Donald Trump contra países que intenten lucrarse agresivamente de negocios digitales estadounidenses? ¿Y por qué el enfoque sigue siendo crear nuevos cobros en vez de eficientizar la recaudación existente y combatir seriamente la evasión fiscal, que históricamente ha sido uno de los grandes agujeros del sistema tributario dominicano?
