Dicen que la privacidad no existe, y la culpa la tienen la internet, las redes sociales, los smartphones y toda la tecnología que utilizamos.
Cuando expertos en temas de informática, seguridad y tecnología hacen estas afirmaciones, la lógica es tan sencilla que cualquiera la puede seguir: todo lo que hacemos en Internet deja un rastro, y ese rastro genera una huella digital puede usarse no solo para personalizar resultados y experiencias, sino que, con las habilidades correspondientes, puede aprovecharse para identificar al dueño de la misma.
Como van las cosas, y con lo acostumbrados que estamos a las facilidades de la Internet y los servicios online, difícilmente la humanidad deje de compartir su información. En efecto, hay quienes han llegado a la conclusión de que este es tan solo el precio a pagar por toda la comodidad de la que gozamos en la actualidad por vía de estos desarrollos.
Incluso, de nada ha servido que se eduque al público respecto a los peligros de compartir demasiada información personal -extensiva a fotos, videos y geolocalización- en redes sociales: la gente sigue usando esas plataformas para explayar su vida privada en ampio detalle.
Hasta cierto punto, podría decirse que quienes usamos la Internet y sus recursos, desde buscadores como Google hasta redes sociales como Instagram, compatirmos nuestros datos e información de manera voluntaria, aún si no estamos al tanto de las consecuencias y el uso que se da a toda esa información.
Sin embargo, hay instancias donde nuestra privacidad y el derecho que nos asiste a ella quedan aun más comprometidos de lo que ya lo están. Hablamos aquí de instancias de espionaje y vigilancia subrepticia, usualmente asistidos por avances tecnológicos que van más de pinchar teléfonos y otras técnicas clásicas.
Pinchar teléfonos es una actividad cuestionable que, en teoría, al menos, suele ser realizada por agencias especializadas de inteligencia y por gobiernos de corte autoritario o dictatorial.
La triste realidad es que en la práctica encontramos aplicaciones y equipos que ponen al alcance de cualquiera esta habilidad de espionaje, a veces con la participación y anuencia de las prestadoras de servicios telefónicos. Asimismo, en la práctica, gobiernos de todo tipo y tamaño incurren en esta actividad tan violatoria como abusiva.
Con el paso de los años, y con los avances tecnológicos que se han logrado, hoy se usan sofisticados programas, como el infame Pegasus, para violar la privacidad de blancos específicos según intereses predeterminados.
Hace unos meses, Pegasus alcanzó notoriedad en la sociedad dominicana luego de que una periodista denunciara que en su teléfono se encontraron rastros del programa, volviéndose a traer sobre el tapete la posibilidad de que el Gobierno -sea el actual o no- haya comprado o contratado ese recurso.
En la actualidad, hay otro tema que preocupa a la sociedad dominicana, y es que programas como Pegasus ya no serían necesarios para invadir a la franca la privacidad de cualquier ciudadano.
En estos días ha estado sonando bastante una ley promulgada la semana anterior, la cual, supuestamente para proteger los intereses del país, da amplios poderes a la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) para requerir información cuando considere necesario.
La referida Ley, número 01-24 y conocida popularmente como “Ley DNI”, establece la obligatoridad de dependencias estatales, empresas privadas y personas físicas ofrecer las informaciones requeridas en cualquier momento. De no cumplirse la disposición, entonces viene cárcel.
No es coincidencia que cada sector imaginable de la sociedad dominicana, desde la iglesia hasta los medios de comunicación y las telefónicas, han señalado que la ley es inconstitucional.
El rechazo ha sido externado igualmente por la clase política, específicamente por quienes están en la oposición, pero no se ha tardado en señalar que legisladores de ese grupo aprobaron esta Ley sin dar mucha lectura o análisis a la misma y, como estamos de lleno en política, ahora se dice que lo aprobado no fue lo que se promulgó porque esta Leyy habría sufrido modificaciones de último minuto.
¿A quién creer? Es un hecho que los legisladores dominicanos -y en ese aspecto la evidencia es abundante- por lo general no leen aquello que se decide aprobar, y eso es un fallo imperdonable.
En lo que la marea baja, varias preguntas surgen: ¿Es necesaria esta ley? ¿Por qué sacarla ahora, cuando nos abocamos a un proceso electoral? ¿Para proteger al país de qué? ¿Cuáles son las garantías de derecho para el ciudadano?
Aun cuando la privacidad sea una ilusión en el mundo hiperconectado de hoy, nadie quiere sentirse continuamente vigilado por el estado, y justo eso es lo que esta ley podría hacer en la práctica. Es como para pensar y analizar.
