Según reportes de la prensa nacional, desde mediados de diciembre de 2025 funciona en el segundo piso un Centro de Revisión Preventiva de Celulares, dependencia operada por la Procuraduría General de la República Dominicana, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Ministerio de Interior y Policía.
El objetivo de este centro, rodeado coincidencialmente de negocios de venta y reparación de celulares, según reporta la prensa, es ofrecer la oportunidad a la ciudadanía de conocer el historial del equipo que portan para así saber si es robado o no y así evitar los malos ratos que derivan de una situación como esta.
Siendo el caso que vivimos en una época de robos y asaltos a mano armada, sin importar lugar u hora, la iniciativa no está mal, pero las cosas son mucho más complejas de lo que lucen. Para empezar, este centro de revisión no es el primer esfuerzo desplegado en ese sentido, y eso lleva a preguntar qué ha pasado con los programas anteriores.
La venta y contrabando de celulares robados, algunos en territorio dominicano, otros provenientes del exterior, es una práctica tan vieja como conocida. Tanto compradores como autoridades conocen del fenómeno, y por eso en marzo de 2022, amparada en una resolución de 2020, entró en vigor la Norma del Sistema de Series Negadas.
Series Negadas, en este contexto, hace alusión a números IMEI -identidad internacional de un equipo móvil- que han sido reportados como robados, perdidos o invalidados. En ese entonces, bastaba con visitar un link, aún funcional, para hacer la búsqueda correspondiente, con la salvedad de que los resultados únicamente se circunscriben al territorio nacional.
En cierto modo, podría decirse que el Centro de Revisión, que verifica el estado del IMEI a nivel local e internacional, amplía el servicio ofrecido por este link, pero… ¿no es un retroceso montar una estructura física que requiere presencialidad en una época donde lo digital es la norma? Bajo este esquema, para revisar el IMEI es preciso darse un viaje a Plaza Central, con todo lo que ello implica. Hay, además que contar con un personal presencial y un espacio físico que, probablemente, conlleva algún costo.
¿Es factible esta forma? ¿Se han tomado acciones reales para combatir el robo de celulares y evitar los negocios que se forman alrededor de estos aparatos? ¿Tiene idea la ciudadanía de lo que es un IMEI? ¿Cuáles son sus derechos y deberes en este caso? ¿Hay consecuencias para quienes portan un IMEI robado?
Todas estas preguntas quedan en el aire y conectan con esfuerzos anteriores que, al parecer, han quedado a medias en el tiempo.
