Tras años de rebeldía, presentándose como la alternativa más libre, pura y privada en mensajería, Telegram echa para atrás algunos de sus principios liberales, entre ellos su negativa a no entregar datos a las autoridades.
El cambio de mentalidad viene tras el arresto de Pavel Durov en Francia en agosto pasado, siendo liberado eventualmente bajo fianza de 5.56 millones de dólares.
Ahora que el libertinaje en Telegram ha tenido consecuencias muy reales, Durov admite que la plataforma creció muy rápido y que con ese crecimiento acelerado vinieron problemas a nivel de controles efectivos, resultando en lo que hoy conocemos: una plataforma donde todo se vale.
En esta nueva etapa, Telegram no solo ha empezado a borrar contenidos problemáticos y a ejercer ciertos controles, sino que también actualizó sus políticas de privacidad para informar que los datos de usuarios que violen las reglas serán entregados a autoridades en respuesta a requerimientos legales válidos.
Telegram ha habilitado un grupo de moderadores que se asisten de la inteligencia artificial para proceder a remover contenidos problemáticos, entre ellos mensajes de odio de grupos extremistas, tráfico de drogas y otras actividades ilegales.
Mucha gente se indignó con el arresto de Durov, llegando a armarse un debate en torno a la libertad de expresión y el potencial abuso de responsabilizar al CEO de un plataforma de lo que allí ocurra.
Es una realidad que, por años, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería han operado a sus anchas, sin muchas consecuencias legales ante su evidente falta de controles efectivos.
El caso Telegram ha de ser una especie de llamado de atención colectivo ante prácticas nocivas que se esconden tras el manido principio de la libertad de expresión, sobre todo cuando sabemos que hay un punto en donde esa libertad se convierte en libertinaje.
