Hace apenas unos días nos preguntábamos si esta sería finalmente la vencida contra Meta. Había razones para pensarlo. Después de años de investigaciones, denuncias y demandas por el impacto de Facebook e Instagram sobre niños y adolescentes, el juicio iniciado el 18 de agosto en California prometía poner bajo el microscopio no solamente las prácticas de la compañía, sino también decisiones internas sobre algoritmos, datos y mecanismos diseñados para mantener a los usuarios pegados a sus plataformas.
Técnicamente, el juicio comenzó, pero en la práctica nunca se le permitió desarrollarse hasta sus últimas consecuencias. Meta decidió llegar a un acuerdo multimillonario antes de que el proceso avanzara hacia algunos de sus momentos potencialmente más incómodos, entre ellos el esperado testimonio de Mark Zuckerberg. Se acabó el juicio, se acabó buena parte de la exposición pública y se acabó también el circo que podía haberse armado alrededor de lo que saliera a relucir.
Meta pagará hasta unos 17,000 millones de dólares, además de aceptar cambios importantes en Facebook e Instagram. No estamos hablando de menudo golpe, pero tampoco podemos perder de vista la escala de la compañía ni lo que estaba en juego. Antes del acuerdo se hablaba de sanciones potenciales muchísimo mayores y, sobre todo, de semanas de testimonios, documentos internos y explicaciones públicas sobre cómo fueron diseñadas estas plataformas y qué sabía Meta sobre sus efectos en niños y adolescentes.
Ahí es donde el acuerdo empieza a verse bastante conveniente. Meta paga una cantidad grosera de dinero, pero a cambio obtiene algo que también tiene muchísimo valor: certidumbre y el fin de la exposición. Zuckerberg ya no tendrá que sentarse a declarar, los ejecutivos no tendrán que seguir explicando decisiones internas y buena parte de los documentos y testimonios que podían alimentar durante semanas el escrutinio público dejarán de ocupar titulares.
Tampoco estamos ante una estrategia extraña en la industria tecnológica. Las grandes compañías llevan años resolviendo mediante acuerdos investigaciones y litigios que amenazan con abrir sus operaciones internas al escrutinio público. Se paga una multa, se aceptan determinadas condiciones y se cierra el capítulo antes de que el proceso llegue demasiado lejos. Las cantidades pueden parecer escandalosas para cualquiera de nosotros, pero adquieren otra dimensión cuando hablamos de compañías capaces de generar decenas de miles de millones de dólares cada año.
El problema es que este esquema termina planteando una pregunta bastante incómoda: ¿hasta qué punto una multa realmente castiga cuando puede convertirse simplemente en otro costo de hacer negocios? Si una compañía sabe que determinadas prácticas pueden producir enormes beneficios durante años y que eventualmente tendrá que pagar una fracción de esos ingresos para cerrar un proceso, el efecto disuasorio empieza a ponerse en duda.
En el caso de Meta hay, al menos, medidas que van más allá del dinero. El acuerdo contempla protecciones adicionales para menores, restricciones sobre determinadas funciones y cambios en la manera en que Facebook e Instagram operan con estos usuarios. Habrá que ver cómo se implementan y hasta dónde llegan, porque limitar algunas funciones no necesariamente elimina las dinámicas que hicieron problemáticas estas plataformas desde el principio.
También hay otro detalle que merece atención: el tratamiento fiscal de semejante acuerdo. Dependiendo de cómo estén estructurados los pagos y de la legislación aplicable, determinadas cantidades asociadas a acuerdos judiciales pueden recibir tratamientos fiscales distintos. Eso abre una posibilidad interesante: que una parte del enorme golpe de 17,000 millones anunciado termine siendo menos enorme cuando llegue el momento de calcular su costo efectivo para Meta.
Eso no significa que el acuerdo sea una maniobra tributaria ni hay elementos para afirmarlo, pero la posibilidad merece ponerse sobre la mesa. Para compañías de este tamaño, un acuerdo de esta naturaleza no se analiza simplemente como dinero que sale de una cuenta bancaria, sino que entran en juego provisiones contables, distribución de pagos durante varios años, seguros cuando correspondan y tratamiento fiscal. Antes de asumir que Meta acaba de perder 17,000 millones de dólares limpios, habrá que ver cuánto termina costándole realmente todo esto.
Al final ocurrió algo que hemos visto demasiadas veces en la industria tecnológica. Cuando parecía que finalmente íbamos a conocer con mayor profundidad qué ocurría detrás de las puertas cerradas, apareció un acuerdo multimillonario y esas puertas volvieron a cerrarse. Meta pagará mucho dinero y tendrá que hacer cambios, pero nos quedamos sin saber hasta dónde habría llegado el juicio, qué más habría salido a relucir y qué habría tenido que explicar Zuckerberg bajo juramento. Para Meta, evitar todo eso bien puede haber valido el precio.
