El Gobierno dominicano acaba de aprobar un Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, mediante el Decreto 787-26. La iniciativa contempla transparencia, protección de derechos, supervisión humana y restricciones al uso de determinados sistemas automatizados. Sobre el papel, suena muy bien. Sin embargo, antes de celebrar otro avance tecnológico, convendría revisar qué ha pasado con los compromisos anteriores.
En octubre de 2023 se presentó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), una ambiciosa propuesta para convertir a República Dominicana en referente regional, desarrollar talento humano, impulsar un gobierno inteligente y fortalecer la infraestructura tecnológica. Tres años después, cabe preguntar qué resultados concretos ha producido, cuántos objetivos se han cumplido y cuáles siguen pendientes.
No se trata de afirmar que nada se ha hecho. Existen iniciativas, acuerdos internacionales y proyectos relacionados con inteligencia artificial. El problema es que anunciar inversiones, firmar convenios y organizar encuentros no equivale necesariamente a desarrollar capacidades nacionales. De hecho, en 2025 la propia OGTIC reconoció retrasos, limitaciones de recursos y dificultades de coordinación en la ejecución de la ENIA.
Ahora llega un código de ética, y aquí surge otra cuestión incómoda: ¿qué entendemos por ética en República Dominicana, especialmente cuando hablamos del ejercicio de funciones públicas? La ética no comienza con la inteligencia artificial. Implica transparencia, responsabilidad, respeto a los derechos ciudadanos y consecuencias ante los incumplimientos. Si estos principios representan desafíos en la administración tradicional, ¿qué garantías tenemos de que serán respetados cuando las decisiones involucren algoritmos?
El nuevo código establece evaluaciones para sistemas de alto impacto, mecanismos de revisión humana y obligaciones de transparencia. Son disposiciones pertinentes, pero su efectividad dependerá de quién las supervise, cómo se auditen los sistemas y qué suceda cuando una institución incumpla. También exige conocimientos especializados que no pueden improvisarse mediante un decreto.
Hay otra preocupación que merece atención: ¿realmente sabemos con qué estamos lidiando? La inteligencia artificial evoluciona a una velocidad que desafía incluso a países con importantes recursos científicos y tecnológicos. Sus riesgos incluyen decisiones discriminatorias, exposición de datos personales, desinformación, dependencia de proveedores y sistemas cuyo funcionamiento resulta difícil de explicar. República Dominicana necesita profesionales capacitados, infraestructura, legislación actualizada y una ciudadanía que comprenda tanto las posibilidades como las limitaciones de esta tecnología.
El plazo de 180 días establecido para adecuar las instituciones será una primera prueba de ejecución. Sería conveniente conocer públicamente qué sistemas de inteligencia artificial utiliza actualmente el Estado, quién responde por ellos y cómo se evaluará su impacto sobre los ciudadanos.
La inteligencia artificial puede contribuir al desarrollo nacional, pero no por aparecer repetidamente en discursos oficiales. La ENIA y el nuevo código de ética deben traducirse en resultados verificables, no convertirse en otro capítulo de anuncios que pierden protagonismo hasta la próxima ceremonia.
La pregunta no es si República Dominicana quiere participar en la revolución de la inteligencia artificial. Eso está claro. La cuestión es si estamos haciendo el trabajo necesario para participar responsablemente o si seguimos confundiendo la promoción de una tecnología con la preparación para utilizarla.
